Premisas y procedimientos del Manual OMCT Vol. 4

1. Criterios de admisibilidad ratione (§ 2.1.1)

• Ratione materiae: los derechos invocados deben estar protegidos por el tratado bajo cuya competencia se presenta la denuncia (PIDCP, CAT, CEDAW).
• Ratione temporis: los hechos deben ocurrir tras la entrada en vigor del mecanismo individual para el Estado. Excepción: violación continuada — cuando los efectos persisten después de esa fecha (Könye y Könye v. Hungría, 520/92; Sankara v. Burkina Faso, 1159/03).
• Ratione loci: el Estado es responsable dentro de su territorio y sobre cualquier persona bajo su "control efectivo", incluso fuera de fronteras (caso López Burgos v. Uruguay, 52/79).
• Ratione personae: la víctima debe ser identificable; el autor debe actuar en nombre del Estado, bajo su instigación, consentimiento o aquiescencia (art. 1 CAT). Las víctimas indirectas (familiares, dependientes) están reconocidas: Quinteros v. Uruguay, 107/81; Schedko v. Belarus, 886/99.

2. Agotamiento de recursos internos (§ 2.1.1.c)

Es el requisito más frecuentemente invocado para inadmitir. Sin embargo, admite múltiples excepciones que la plataforma documenta en cada caso:

• Recursos fútiles: sin perspectiva objetiva de éxito (Pratt y Morgan v. Jamaica, 210/86).
• Recursos prolongados injustificadamente (Fillastre y Bizoarn v. Bolivia, 336/88 — tres años se consideró prolongación irrazonable).
• Recursos prohibitivamente costosos cuando el Estado no facilita asistencia legal (Henry v. Jamaica, 230/87).
• Recursos peligrosos para la integridad de la víctima (Phillip v. Jamaica, 594/92).
• Recursos indisponibles de iure o de facto.

La carga inicial es del autor; basta con un caso prima facie creíble para que la carga se traslade al Estado.

3. No concurrencia y abuso del derecho de presentación (§§ 2.1.1.d, 2.1.1.e)

• Bajo el CAT, el caso no puede haber sido jamás examinado por otro organismo internacional similar (mecanismo más restrictivo que el del PIDCP).
• Bajo el PIDCP, basta que no esté siendo examinado simultáneamente.
• Retrasos sustanciales e inexplicables en la presentación pueden constituir abuso del derecho (Gobin v. Mauricio, 787/97 — 5 años sin justificación).

4. Establecimiento de los hechos (§ 2.1.2.e)

El relato debe ser detallado, cronológico, con párrafos numerados y dobles espacios. Los detalles concretos son críticos:

• Número y descripción de los agentes implicados.
• Hora, fecha, vehículos, trayecto.
• Características físicas del lugar de detención (dimensiones, iluminación, mobiliario, otros detenidos).
• Dispositivos utilizados (descripción física, mecanismo, efecto).
• Palabras textuales del perpetrador.

Lenguaje emocional sin pruebas resta credibilidad. No es necesario que la víctima recuerde absolutamente todo —"complete accuracy is seldom expected of victims of torture"—, pero las inconsistencias deben explicarse.

5. Documentación probatoria recomendada (§ 2.1.2.e)

• Declaraciones de testigos.
• Atestados policiales y decisiones judiciales locales.
• Fotografías de lesiones, lugares, objetos.
• Informes médicos y psicológicos, autopsias cuando proceda.
• Material auxiliar: informes de ONG, prensa, informes del Departamento de Estado, informes de la Relatoría sobre la Tortura.

La carga probatoria es compartida: si la información está exclusivamente en manos del Estado, la falta de cooperación de éste puede invertir la carga (Bousroual v. Argelia, 992/01).

6. Medidas provisionales urgentes (§ 2.2)

Cuando exista riesgo de daño irreparable —deportación inminente, ejecución, riesgo grave para la integridad—, los Comités pueden solicitar al Estado que adopte medidas provisionales urgentes. La solicitud debe ir en la portada de la comunicación inicial.

7. Pseudónimo y publicación (§ 2.1.3.vii)

La víctima debe identificarse plenamente ante el organismo, pero puede pedir que en cualquier versión pública del expediente o decisión se utilice un pseudónimo (caso C. v. Australia, 900/99). Nuestra plataforma incorpora esta opción en el formulario.

8. Representación cuando la víctima no puede actuar (§ 2.1.1.a)

Si la víctima está fallecida, desaparecida o incomunicada, otra persona puede actuar en su nombre si puede acreditar que la víctima daría su consentimiento. Un vínculo familiar próximo normalmente basta (Mbenge v. Zaire, 16/77). Si la víctima recobra la capacidad de manifestar voluntad, debe ratificarla.

9. Estructura de la denuncia tipo

La plataforma compila el expediente con la siguiente estructura, alineada con el modelo del Apéndice del Manual OMCT:

1. Identificación del solicitante (Regla 85 CPI).
2. Estado al que se imputan los hechos.
3. Relación cronológica de los hechos en párrafos numerados.
4. Contexto del ataque (Art. 7 Estatuto de Roma).
5. Daños sufridos (ONU 60/147).
6. Agotamiento de recursos internos.
7. No concurrencia ante otros organismos.
8. Disposiciones internacionales vulneradas.
9. Pruebas que acompañan el expediente.
10. Testigos.
11. Evaluación del panel.
12. Reparación solicitada.
13. Custodia y derechos del solicitante sobre el expediente.